Estos principios se traducen en líneas de acción, que se implementan a través de los programas de inversión y gestión territorial del ministerio, para avanzar en el corto, mediano y largo plazo hacia ciudades más justas:

• Agilizar la actualización de planes reguladores, y la legislación de urbanismo y construcciones, para incorporar el impacto de fenómenos como el cambio climático, las parcelaciones en el territorio rural y la prevención del riesgo de desastres, además de responder oportunamente a la emergencia habitacional.
• Consolidar un Banco de Suelo Público para responder de manera constante a la demanda habitacional y de espacios públicos.
• Promover la construcción de viviendas en el entorno de inversiones públicas relevantes, como los parques urbanos de alto estándar.
• Fomentar una ciudad segura mediante una mayor participación ciudadana; un mayor uso del espacio público; y el diseño de obras urbanas con enfoque de género, como veredas o rutas peatonales más iluminadas, centros de cuidado y centros vecinales, entre otras medidas.
• Consolidar estrategias y formas para que la inversión pública pueda surgir a propósito de proyectos habitacionales; que parques, equipamientos y la infraestructura urbana pueda llegar antes o en la construcción de los proyectos de vivienda.